Bogotá - Colombia - El Tiempo, 5-Jul-2010

Los letreros, amarrados a muñecos de trapo que cuelgan de varios postes de luz, reciben a todo el que llega a la ciudad boliviana de El Alto, vecina a La Paz y en la que viven unas 800.000 personas, en su mayoría indígenas aymaras.

Las advertencias  han vuelto a llamar la atención por estos días, pues el presidente boliviano Evo Morales acaba de promulgar la Ley del Órgano Judicial, que reorganiza el sistema  y, entre otras cosas, consagra la justicia indígena u originaria, en nombre de la cual, algunos indígenas han linchado a presuntos delincuentes e incluso a  policías. 

Ese tipo de justicia está reconocida en la nueva Constitución -aprobada en un referendo en enero pasado-, pero el Gobierno ha sido enfático en señalar que no es sinónimo de matanzas o linchamientos. "Se deben respetar los derechos a la integridad y la vida (...) Estos actos de ajusticiamiento callejero claramente están prohibidos", dijo  el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez.

Según las autoridades bolivianas, sólo en El Alto se registraron 15 linchamientos el año pasado. En la zona cocalera del Chapare y en  Cochabamba, Potosí y Santa Cruz la situación no es muy distinta. Y según la oficina en La Paz del Alto Comisionado de  la ONU para los DD. HH.,  en el 2009 hubo en todo el país al menos  30 linchamientos y otros 77 intentos frustrados.

En mayo pasado, ayllus guerreros (clanes indígenas) del norte de Potosí (suroeste) torturaron y lincharon a cuatro policías. Los indígenas justificaron las muertes en denuncias contra los agentes por robos, extorsiones y asesinatos, mientras mandos policiales filtraron versiones de que en el caso estaba involucrado el narcotráfico.

Lo que generó indignación en el país, además, fue que los ayllus se negaron a entregar los cadáveres -el mismo Presidente tuvo que interceder para convencerlos- y que, dicen los familiares de las víctimas, ofrecieron hacerlo sólo si no se presentaban demandas penales en su contra.

Según el defensor del Pueblo, Ricardo Villena, los cuatro cuerpos fueron enterrados boca abajo pues así, según la creencia, se evita que sus almas "persigan" a quienes los mataron. "Las comunidades han admitido que hicieron justicia con sus manos. Tras haberlos torturado de la manera más cruel, los victimaron, pero no fueron quemados", dijo en ese momento Villena. 

El debate está abierto. Según legisladores oficialistas, y según los  indígenas, la justicia originaria no reconoce los linchamientos, aunque se trate de una práctica frecuente. Además, la Constitución prohíbe la pena de muerte. "Lo curioso es que son los propios indígenas los que aseguran que es así cómo aplican su justicia", escribió el politólogo Jorge Lazarte.

Gran incertidumbre

"El problema es que no hay jurisprudencia sobre la justicia originaria. De hecho, como cada comunidad tiene distintas costumbres, cada una aplicará de manera distinta su forma de hacer justicia y eso es muy peligroso", señaló a EL TIEMPO el experto  Carlos Toranzo. 

"Ahora estamos esperando que la Asamblea Legislativa sancione una Ley de Deslinde Jurisdiccional que determine para qué individuos y espacios territoriales y en qué casos se aplica la justicia originaria. La base social y étnica de Bolivia simpatiza con la idea, pero en general existe una gran incertidumbre y un gran desconocimiento sobre las características, alcances y beneficios de este nuevo tipo de justicia", le dijo también a este diario el analista político Carlos Cordero.

Esa ley, que se espera siente jurisprudencia sobre el tema, debe ser aprobada en menos de 180 días, como lo pidió el mismo Morales. Para el mandatario, la justicia originaria ha sido "malinterpretada" por sus críticos y sólo debe aplicarse en poblados indígenas, con autoridades propias y legalmente reconocidas. Según él, varios de los autores de los linchamientos más recientes son narcotraficantes o contrabandistas, y no indígenas. 

Para las autoridades, muchos acuden a los linchamientos ante la ausencia  policial y porque los delincuentes, una vez atrapados, logran su libertad con la ayuda de jueces  muy benévolos o corruptos. 

En Bolivia, los ancestrales procesos indígenas tienen la particularidad de ser orales y públicos, ejercidos por una autoridad comunal o un anciano sabio, y las sanciones varían según la particularidad de cada uno de los 36 pueblos aborígenes reconocidos en el país, y que representan el 47 por ciento de los 10 millones de habitantes del país, según datos oficiales. 

Un tema clave es que,  según la diputada opositora Norma Piérola,  la justicia indígena atañe a controversias comunitarias o conflictos internos, no a delitos mayores como secuestro, narcotráfico u homicidio. "Si un jilakata (autoridad indígena) emite un fallo, que es verbal y no escrito, las partes o víctimas no pueden recurrir a otra instancia mayor como las cortes de distrito regionales, la Corte Superior de Justicia o el Tribunal Constitucional", dice. 

Los casos en Colombia, Perú y Ecuador

Los gobiernos de Ecuador y de Perú también están tratando de que en los próximos meses se siente jurisprudencia sobre los casos específicos en que es válido aplicar la justicia indígena, sin interponerse con la justicia ordinaria.

Hace poco, un grupo de indígenas quemó vivos en el este de Ecuador a dos hombres que protagonizaron una fuerte pelea en una fiesta a la que no habían sido invitados.

Los nativos alegaron ante la autoridades que habían hecho uso de la justicia indígena consagrada en la Constitución aprobada en el 2008, pero el mismo presidente Rafael Correa condenó el hecho y aseguró enfático que la Carta Política reconoce la autoridad de los pueblos indígenas para "solucionar conflictos internos y en defensa de sus tradiciones, pero sin violar la ley ni los derechos humanos".

"Habrá que reglamentar la justicia indígena, en este país no hay pena de muerte y no se acepta la tortura como forma de sanción", dijo Correa cuando un supuesto delincuente se salvó de la horca y fue latigueado en público, obligado a cargar un pesado saco de tierra y azotado con ortiga y bañado en agua fría mientras estaba amarrado a un árbol, a finales de mayo.

En Perú, la Constitución de 1993 reconoce el "derecho a la justicia indígena, campesina y rondera", pero después de los linchamientos de los cuatro policías en Bolivia el debate se reabrió en ese país, pues su aplicación "dentro de un ámbito territorial" definido para las comunidades indígenas no puede, en ningún momento, "violar los derechos fundamentales de las personas".

En el caso de Colombia, el país cuenta formalmente con una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos indígenas gracias a la Constitución de 1991, y estas comunidades ejercen su propia justicia en casi el 30 por ciento del territorio nacional, como ellas mismas lo reconocen.

Sin embargo, se quejan de que muchas veces "los blancos no entienden" que los castigos que imponen (azotes o destierro, por ejemplo) "no son crueles" y resultan necesarios en un país con niveles de impunidad que superan el 90 por ciento.

Fecha: 5-Jul-2010
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/otra-forma-de-justicia-en-bolivia_7789573-1