Sucre - Bolivia - Correo del Sur, 09-Jul-2010
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció ayer, en La Paz, que presentará una querella por desacato en contra del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Al anuncio se sumó el fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso terrorismo, quien también mencionó que introducirá una querella contra la autoridad por calumniar e injuriar a los fiscales, situación que podría costarle el cargo.
A pesar de las advertencias, Costas dijo que no temía a un juicio por desacato ni a la sentencia de los jueces, sino al veredicto de legitimidad que le dará el pueblo cruceño. El Gobernador insistió en solicitar a Naciones Unidas que investiguen los casos de tráfico de droga, corrupción y terrorismo.
Entretanto, la Cámara de Diputados convocó a Costas a rendir un informe sobre sus denuncias, el próximo 20 de julio.
SUSPENSIÓN ES POSIBLE
El abogado William Herrera, que defiende a Costas en el caso de supuesta malversación de Bs 10 millones para la realización del referéndum por el Estatuto Autonómico, reconoció que el Gobernador puede resultar suspendido temporalmente del cargo, como lo establece la Ley Transitoria Para el Funcionamiento de las Entidades Territoriales Autónomas.
El artículo 8 de la referida ley especifica que el Gobernador será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones cuando sobre él pese una acusación formal en materia penal.
Por su lado, el Vicepresidente explicó que introducirá la querella, porque en las últimas 48 horas la autoridad departamental no presentó ninguna demanda legal que sustente las acusaciones de narcotráfico que hizo el martes.
Ese día, Costas dijo que cuando se acabe la borrachera de poder, cuando exista una real democracia, este señor (Álvaro García Linera) tendrá que responder en el banquillo de los acusados por corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El proceso judicial en contra del Gobernador se ampara en el artículo 162 del Código Penal, que establece que el que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años.
A pocas horas que el Vice hiciera el anuncio de la apertura de un proceso penal, Costas dijo que las denuncias en contra de García Linera fueron en respuesta a las amenazas del Gobierno para vincular a más de 30 cruceños con terrorismo.
Este señor (por García Linera) podrá iniciarme uno o miles de juicios, pero el veredicto de los jueces será uno y el veredicto de la legitimidad del pueblo será otro, afirmó Costas.
EN PELIGRO LA MAYORÍA DE LOS VERDES
Con la determinación de la Corte Nacional Electoral, que reconoce la existencia del pueblo Yuracaré en Santa Cruz y la inminente asignación del quinto curul para los pueblos indígenas, peligra la mayoría de la alianza oficialista Verdes en la Asamblea Legislativa Departamental y, por ende, los votos de los nueve asambleístas del MAS y los cinco de los representantes indígenas pueden lograr elegir un Gobernador masista, en caso que Rubén Costas resulte suspendido de sus funciones.
El frente político del Gobernador hizo alianza con el Frente Amplio y juntos suman 14 legisladores, de los cuales uno no vota porque está a cargo de la presidencia del Legislativo regional, y sólo alcanzarían 13 adhesiones.
Al respecto, el jefe de bancada de Verdes, Javier Limpias, dijo que de concretarse la acreditación del indígena del pueblo yuracaré, se violaría la Ley Transitoria Electoral y la Constitución; además, pondrá en evidencia si el nuevo asambleísta indígena es alineado al MAS o es autónomo en sus decisiones.