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Cuando, hace ya más de tres años, protestábamos contra el vacío generado en el sistema jurídico, por los constantes ataques del MAS contra el poder judicial, proponíamos, en primera instancia, que se cumpliera la Constitución Política entonces vigente, y que el Vicepresidente incluyera en el trabajo legislativo la designación de autoridades faltantes en dicho Poder. Era su obligación constitucional y nunca quiso asumirla.

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Posteriormente, y ya aprobada la Constitución del MAS, propusimos que a través de una interpretación ultra activa de la Constitución de 1967, y en base a un acuerdo político, se designara temporalmente a los miembros faltantes del poder judicial, pues las acefalías eran cada vez mayores y más graves. Tampoco se escuchó esta propuesta y los procesos jurídicos continuaron colapsando.

Hoy, utilizando nuestros mismos argumentos, el oficialismo pretende que sea el Presidente Morales quien designe a los magistrados faltantes, violando la Constitución Política vigente y, más importante aún, el principio de independencia y división de poderes del Estado.

En primer lugar, nos parece sorprendente el sorpresivo surgimiento de la preocupación del oficialismo por cubrir los espacios vacíos en el sistema de justicia. Pero, aunque convenientemente tarde, es bueno saber que al fin se encuentra entre las prioridades del gobierno.

Sin embargo creemos que el camino correcto continúa siendo la interpretación y aplicación ultra activa de la Constitución de 1967, designando a las autoridades faltantes, de manera transitoria, a través de un voto de dos tercios de la Asamblea Legislativa. Este procedimiento es, a todas luces, y aunque el oficialismo cuenta con dos tercios en ambas cámaras, mucho mejor que autorizar poderes especiales para el Presidente, que le permitirían utilizar el dedazo para elegir a quien le plazca para cubrir las faltas.

La reacción de la oposición no es muy consecuente cuando afirma que al instruir la Constitución vigente que estas autoridades se deben elegir por voto popular, se debería esperar a que sean elegidas de esa forma. Las acefalías eran graves cuando la oposición contaba con la mayoría en el Senado, y siguen siendo graves ahora que no la tiene. Lo más lógico, entonces, sería continuar insistiendo en que las designaciones son urgentes, aunque ello implique que el oficialismo pueda utilizar su rodillo.

En otras palabras y más brevemente. Las autoridades faltantes del Órgano Judicial se deben designar de manera urgente, cuente o no cuente la oposición con poder de veto o de decisión la Asamblea Legislativa Plurinacional, y el Presidente no puede tener el poder de designarlas a dedo, ni antes, ni ahora, ni nunca, si es que quiere preservar la institucionalidad y los principios democráticos.

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