No todos quienes están siendo procesados deben considerarse perseguidos

Disquisiciones

En nuestro editorial del seis de septiembre del año en curso, decíamos que “Los juicios seguidos contra ex autoridades que pudieran haber cometido delitos durante el desempeño de sus funciones son, en definitiva, un deber de la justicia boliviana. No se puede esperar que la corrupción quede impune, siempre y cuando se trate de eso, y no de absurdas venganzas o persecuciones políticas.”

Cuando “Chito” Valle es repatriado para enfrentar varios procesos por diferentes actos de corrupción durante su estadía en esferas de poder, se pretende que sea considerado un perseguido político más, y esto sería un error.

Se puede hacer muchas observaciones, como la que hicimos, respecto del procedimiento de las fuerzas del orden en su repatriación, pues se trasladó al ex prefecto de La Paz como si de un costal de patatas se tratara, y debemos convenir en que hasta al más vil de los malhechores se le debe respetar su dignidad de ser humano. Respeto que debería ser el Estado el primero en mostrar, pues no hacerlo implicaría actuar de una forma similarmente delincuencial contra una persona, por más delitos que hubiera cometido.

Sin embargo, no por ello se puede considerar que Valle sea un perseguido político del oficialismo. Es necesario separar los casos en los que el masismo auténticamente está utilizando las instituciones judiciales y al ministerio público para perseguir a líderes opositores como, por ejemplo, Luís Revilla o René Joaquino, y los casos en que se procesa a ex políticos por casos concretos de corrupción, como Valle.

Mezclar todos los procesos contra líderes y ex autoridades, puede causar una confusión de la que quienes verdaderamente tendrían que recibir un castigo por delitos reales pretendan beneficiarse.

Hacer esta diferenciación, en algunos casos, no será una tarea muy fácil, puesto que los que finalmente tendrían que decidir quiénes han cometido delitos y quiénes no, deberían ser investigadores y jueces. En tal sentido, es profundamente perjudicial que personas nombradas por el ejecutivo, como fiscales y jueces, sean quienes administren la justicia, pues eso les resta credibilidad y confianza para que podamos asegurar los procesos que llevan adelante son justos.

Pero definitivamente en casos como el de “Chito” Valle, muy lejos de cuestionar los juicios que se le sigue, y de lamentar que haya sido capturado por la justicia boliviana, debemos agradecer que se le haya podido aprehender para que responda ante los tribunales frente a la gran cantidad de acusaciones que pesan sobre él. Acusaciones que, dicho sea de paso, no han surgido durante el gobierno de Evo Morales, y ya habían sido objeto de escándalo en gestiones pasadas.

Adicionalmente, se debe tener cuidado en no mezclar la verdadera persecución política con casos de corrupción reales, pues ello no hace más que deslegitimar las protestas contra la arbitrariedad del poder para deshacerse de líderes honestos, poniéndolos a todos en el mismo costal, rebajándolos a la altura de personajes de dudoso comportamiento, y dándole al gobierno el argumento de que todo el movimiento contra la persecución política no es más que una maniobra para defender a la corrupción.